Beatriz Corbo
Loreto Lira
Rafael Blanco
Rodrigo Egaña

El Sistema de Alta Dirección Pública es una de las reformas más innovadoras y exitosas del proceso de modernización de la gestión pública en nuestro país. Consiste en un modelo de selección de directivos públicos, cuya creación vino a limitar la discrecionalidad de la autoridad en la provisión de los principales cargos directivos de la administración central del Estado, dando paso al talento -convocado mediante concursos públicos basados en la idoneidad y el mérito-, a fin de optimizar la gestión pública y mejorar la calidad de los servicios que el Estado provee a sus ciudadanos.

Su arquitectura sigue los derroteros previamente recorridos por los países desarrollados y sitúa a nuestro país como referente en su género a nivel latinoamericano. Su marcado acento modernizador se manifiesta en el incremento de la transparencia y legitimidad de la administración del Estado, en el uso más eficiente de los recursos públicos y, en definitiva, en el mejoramiento de la calidad de la gestión. Como consecuencia de lo anterior, su interés trasciende a los gobiernos de turno, configurando su carácter de política de Estado.

La Alta Dirección Pública ha sido beneficiosa para Chile. Ha permitido renovar los cuadros directivos del Estado, incorporar a profesionales del ámbito privado, elevar la participación de la mujer en la gerencia pública y generar un círculo virtuoso de meritocracia al interior de los servicios públicos que participan del sistema. También ha constituido un exitoso ejemplo de alianza público-privada, a través de la participación de empresas consultoras expertas en selección y búsqueda de directivos.

A ocho años de su instalación, se ha consolidado como un referente respetado y eficaz, como se desprende de las ciento setenta y cinco mil postulaciones registradas a la fecha y de la decisión de las autoridades de extenderla más allá de sus fronteras originales, aplicándola a la selección de la judicatura tributaria y aduanera, al panel de expertos del Ministerio de Transportes, a los directores independientes de Codelco, al panel técnico de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, al Consejo para la Transparencia, al Comité de Auditoría Parlamentaria del Congreso Nacional, al Consejo Nacional de Educación, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a los cargos de director de Administración de Educación Municipal, entre otros, dando cuenta de los crecientes grados de madurez, reconocimiento y consolidación alcanzados.

Sin embargo, el paso del tiempo también evidenció la necesidad de perfeccionar la Alta Dirección Pública, y con ese objetivo se inició, el pasado mes de marzo, la tramitación legislativa del proyecto de ley destinado a tal efecto, el que incluía normas dirigidas a reducir la duración de los concursos; acotar la capacidad de recurrir a directivos provisionales y transitorios en forma prolongada; establecer la gestión de candidatos, a fin de reducir el número de concursos desiertos; reforzar la confidencialidad de aspectos tales como la conformación de la nómina y la identidad de los candidatos, y mejorar la indemnización por cese de funciones, entre otros aspectos. En el curso de la discusión legislativa se presentaron, además, indicaciones que ampliaron el proyecto original, incluyendo nuevos cargos y servicios, señalando inhabilidades e incompatibilidades para ser nombrado consejero y perfeccionando los Convenios de Desempeño, entre otros.

La semana pasada, la Sala de la Cámara de Diputados -pese a la aprobación propuesta por su Comisión de Hacienda- rechazó el proyecto, al no reunirse la mayoría de votos favorables requeridos para su aprobación.

Sólo cabe lamentar la situación creada, por considerar que no se logra avanzar en el proceso de modernización del Estado y pone freno a una mejora significativa de una política de Estado que optimiza la gestión pública y avanza hacia mayores grados de equidad y desarrollo, aumentando el bienestar y elevando la calidad de vida de las personas.

En el espíritu de superar las consecuencias futuras que genera esta situación, que dificulta seguir avanzando en las reformas necesarias para tener un mejor Estado, hacemos un llamado para lograr los entendimientos necesarios para que el Sistema de Alta Dirección Pública pueda enfrentar exitosamente los desafíos que le imponen los tiempos.