Personal del Estado al servicio de los chilenos

Carlos Williamson B.

Director del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública

El fenómeno de las movilizaciones sociales en los últimos meses es sintomático de que, para un vasto sector ciudadano, el tiempo de espera de una larga lista de demandas insatisfechas ha entrado en una peligrosa fase de agotamiento. Es cierto, es una paradoja que un país que ha tenido un crecimiento económico en los últimos 25 años tres veces mayor al de los 100 años previos, incluso con avances notables en indicadores sociales, muestre la cara triste de la desmesura, con exigencias que en muchos casos se ven inabordables en el corto plazo. Si bien nada justifica la violencia verbal y el ambiente tóxico que anulan el diálogo, es difícil juzgar desde afuera. Tal vez sea porque no se palpa la angustia de una indigencia lacerante o porque no se pertenece a familias que ven desvanecerse los sueños de un futuro mejor para sus hijos por una educación de pésima calidad.

El Presidente Sebastián Piñera ha dicho que la sensación ambiente preocupa al Gobierno y revela "un país fragmentado en dos mundos antagónicos". El uno, un país que crece, y el otro, el que se siente marginado; un país aún con profundas inequidades que atentan contra la esencia para una sociedad cohesionada y fraterna.

El Gobierno ha definido siete ejes estratégicos para avanzar por la senda de un progreso que se ocupe de los más vulnerables, y uno de ellos es la modernización del Estado. Esto se entiende como un Estado eficiente en el manejo de sus recursos, y efectivo en el logro de los objetivos estratégicos, con miras a entregar más y mejores servicios a la ciudadanía. Ello pasa por diseñar una nueva institucionalidad, que permita agilizar la ejecución de las políticas públicas, en especial para el combate a la pobreza, pero, además, exige dotar de capacidades y autonomía a los gobiernos locales y regionales para que el desarrollo llegue a todos los rincones del país.

El otro ámbito de alto impacto es contar con servidores públicos y líderes de excelencia, esto es, la creación de un auténtico "servicio civil". Mérito en la selección, espacios para el desarrollo de una carrera en ambientes laborales gratos y estimulantes, y un retiro en condiciones dignas, son factores decisivos para un Estado que de veras asume un rol protagónico en el progreso y bienestar de los chilenos.

En esa línea, la creación de la Alta Dirección Pública (ADP) el año 2003, que introdujo el filtro de mérito para la selección de directivos de los principales servicios públicos, fue un hito relevante que marcó un quiebre en la atávica tendencia de utilizar estos cargos como botín electoral para pagar favores políticos. Y el cambio se nota. Desde luego, y pese a ser de confianza del Presidente, el 70% de los directivos ADP se mantuvo en sus cargos luego del cambio de coalición política el 2010.

El mismo año 2003 se dio un paso necesario en la profesionalización del Estado mediante la llamada ley del nuevo trato, relativo a los funcionarios de carrera. En síntesis, la ley hizo un giro desde el concepto de promoción por antigüedad a uno que abre espacios, aunque todavía restringidos, para el concurso por méritos como criterio de selección. Y también fue un avance eliminar la condición de exclusiva confianza del Presidente y, por ende, fácil presa para un uso político-partidista, de los 2.300 cargos de jefes de departamentos, incorporándolos al régimen de cargos de carrera sujetos a concurso.

A ocho años de la creación del Servicio Civil, urge, sin embargo, concretar nuevas iniciativas en la gestión de personas para un Estado más efectivo. Por desgracia, el proyecto de ley encaminado a perfeccionar la normativa de ADP, luego de siete meses, y pese a la urgencia puesta por el Gobierno, no ha tenido mayores avances en el Congreso. Con todo, un instructivo presidencial ha permitido avanzar en esta área, simplemente por la vía administrativa.

De otro lado, en la carrera funcionaria la coexistencia de contratos laborales de "planta", indefinidos y virtualmente inamovibles, y los a "contrata", a un año plazo y sujetos a una selección y renovación discrecional por la autoridad respectiva, es un híbrido que conspira en contra de un régimen laboral más justo y eficiente. Uno que trate igual a iguales, sin distingos, que en un marco de estabilidad fomente el mérito y la movilidad en la selección, gestione el desempeño para la promoción y desarrollo del funcionario y, finalmente, se ocupe de su retiro. Es una de las grandes tareas en la agenda pública para un Estado ágil y efectivo al servicio de las demandas ciudadanas.