Dictámenes

Resumen
Se ajusta a derecho concurso del Servicio de Impuestos Internos para proveer cargos de la Planta de Fiscalizadores. Ello, porque no constituye un vicio de legalidad el hecho que el Comité de Selección del concurso se haya reunido fuera del plazo legal para deliberar acerca de las impugnaciones sobre la prueba técnica y su pauta de corrección. Esto, por cuanto el incumplimiento de los plazos establecidos por parte de la administración no vicia las actuaciones realizadas, no obstante la responsabilidad que pudiere afectarle por la inobservancia de los mismos. Tampoco se advierte arbitrariedad o falta de transparencia en la decisión de dicho Comité de otorgar puntaje a ambas respuestas: la que aparecía como correcta en la aludida pauta y aquélla que sí era, lo cual no produjo desmedro respecto de determinados concursantes, dado que sólo se tendió a resguardar el principio de igualdad, el que se habría vulnerado si luego de rendida la prueba técnica y publicada junto con la pauta de corrección se hubiese mantenido el error detectado por ese Comité, circunstancia que fundamentó su decisión.

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Conforme a los artículos 21 de la ley 18.834 y 17 bis del DFL 7/80 Hacienda, corresponde al jefe del departamento de personal participar en el comité de selección de los concursos para ingresar al Servicio de Impuestos Internos, y no al Subdirector de recursos humanos de ese servicio. Ello, porque el jefe o encargado de personal a que se refiere el citado art/21, acorde al Diccionario de la Real Academia Española de La Lengua, es aquel funcionario que, en su calidad de autoridad, manda o dirige al personal del respectivo organismo, a diferencia del subdirector de recursos humanos de la citada institución, al cual, según el art/9 del DFL 7, le corresponde asesorar al director del servicio, sin que ello signifique estar a cargo o dirigir, en lo inmediato, al personal.

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No se ajusto a derecho concurso público, para proveer cargos de la Subsecretaria de Justicia, en que se establecieron requisitos no estipulados por el DFL 1/90, de Justicia, esto es, experiencia mínima comprobable de 3 años y capacitación en las áreas pertinentes. Ello, porque la autoridad administrativa, al imponer exigencias adicionales, vulnera los números 2 y 17 del art/19 de la Constitución, que le impiden establecer diferencias arbitrarias, y aseguran la admisión a todas las funciones o empleos públicos, sin otras exigencias que las que impongan la carta fundamental y las leyes, como asimismo, el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la ley suprema. A su vez, el servicio incurrió en una confusión respecto de los conceptos de requisitos y factores, los cuales tienen una connotación claramente disímil, no resultando procedente considerarlos asimilables. Lo anterior, por cuanto los primeros son las exigencias, cuyo cumplimiento la ley estima necesario requerir obligatoriamente, en cambio los factores, constituyen los instrumentos de análisis destinados a permitir la evaluación y/o ponderación de los antecedentes, características, circunstancias, aptitudes u otros que estimen atinentes en relación a un postulante que posee los requisitos para desempeñar la plaza. Lo precedente, sin desmedro de la facultad de la autoridad para precisar los factores a ponderar, atribuir valoración a aquellas circunstancias, características o aptitudes que respondan a las necesidades de las plazas de que se trata, pero sin que llegue a configurarse la fijación de requisitos adicionales o diversos de los previstos por el legislador.

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En torno al hecho relativo a que el concurso no se ha resuelto en la data prevista en las bases, no significa de ninguna manera que ello pueda incidir en la validez del procedimiento llevado a cabo, teniendo en consideración, además, que, por regla general, la Administración puede cumplir válidamente sus actuaciones en una fecha posterior a la preestablecida. (Aplica criterio contenido en Dictámenes N°s. 313, de 2005 y 3.489, de 2006, entre otros).

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Los funcionarios que, por excepción, se excluyen del proceso evaluatorio, como ocurre con los representantes del personal ante la junta calificadora, tienen derecho a conservar su calificación, lo que les permite mantener el puntaje que hayan obtenido en procesos anteriores, según art/34 de la ley 18.834. Asimismo, el puntaje que conservan los indicados servidores produce los mismos efectos que el de los empleados que han sido objeto de evaluación, cuyo propósito es evitar que quien posea la calidad de representante del personal ante el órgano evaluador, pueda verse afectado, como ocurriría en el caso de impedirles participar en los concursos llamados en la institución para la promoción de cargos, por no ser calificados en el período inmediatamente anterior.

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Ha procedido medida adoptada por municipalidad en orden a declarar nulo concurso público, atendido que el jefe de personal no califico a los postulantes. Ello, porque acorde con art/19 de ley 18.883, el jefe o encargado del personal es parte integrante del comité de selección del concurso y como tal, debe intervenir en su preparación y realización, de modo que participa en el con derecho a voz y voto al igual que los demás miembros de este. Además, cuando la ley dispone que el jefe o encargado de personal conforma el comité, no distingue si entre sus miembros existen algunos con mas prerrogativas que otros, por lo que no puede hacerse alguna distinción estableciendo diferencias entre los distintos miembros de esa instancia.

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Conforme al art/17 de la ley 18.834, los grados de inicio de cada planta deberán proveerse mediante concurso público, prohibiéndose todo acto de discriminación que pueda traducirse en exclusiones o preferencias que anulen o alteren la igualdad de oportunidades o trato en el empleo. Así, en el evento que la autoridad proveyera cargo de inicio vacante de la planta de técnicos de Gobierno Regional, seleccionando a alguno de los funcionarios que participó en el concurso interno convocado para ello, incurriría en un acto de discriminación, pues restringe, arbitraria e ilegalmente, el universo de candidatos elegibles, al excluirse a todos los otros posibles interesados, puesto que la convocatoria debió realizarse a través de un concurso público. No procede fundarse en la situación comentada, en el principio de la certeza jurídica y buena fe de quienes han actuado convencidos de que lo hacían en la legalidad, ya que no existen derechos adquiridos por los postulantes respecto al cargo señalado, sino que sólo meras expectativas, no pudiendo tampoco considerárseles como terceros de buena fe que actuaban en el convencimiento de que el acto administrativo se ajustaba a derecho, ya que los postulantes no son terceros, sino beneficiarios directos de esta actuación irregular, no existiendo buena fe de su parte, ya que postularon a un concurso que la ley exige sea proveído por concurso público, operando la obligatoriedad de la ley ante la que no puede alegarse ignorancia. No existe un vínculo jurídico entre la administración y los postulantes por el concurso, que impida su extinción por la mera voluntad de la autoridad administrativa, ya que ello presupone que el llamado a concurso, su desarrollo y sus postulantes, reúnan los requisitos previstos por la ley. Por ende, procede que se convoque a un nuevo concurso, esta vez público, para proveer el citado cargo vacante.

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En el concurso público de antecedentes, para acceder a un cargo Administrativo, grado 19 EUS, de la Oficina Nacional de Emergencia, se incurrió en vicios que afectan su legalidad los que deben ser subsanados, por lo que a la brevedad se debe invalidar la totalidad del certamen, efectuando una nueva convocatoria y elaboración de las bases respectivas, sin desmedro de los demás trámites posteriores que correspondan, lo que debe realizarse con estricto cumplimiento de la normativa y jurisprudencia que reglamenta la materia. Ello, por cuanto la autoridad, en el concurso señalado, estableció requisitos adicionales para acceder a ese empleo, tales como haber aprobado el Nivel I Módulo Básico del Programa de Formación Profesional en Protección Civil y haber aprobado algún tipo de capacitación realizada por el Ministerio de Hacienda en relación al Proyecto SIGFE, entre otros, lo que no contempla el DFL 4/90 de Interior, con lo que vulneró garantías consagradas en la Constitución, como las que impiden establecer diferencias arbitrarias, y aseguran la admisión a todas las funciones o empleos públicos, sin otras exigencias que las que impongan la propia Carta Fundamental y las leyes, como asimismo, el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Ley Suprema.

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Se ajusto a derecho concurso público para proveer cargos vacantes de la planta Directiva de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, procediendo la autoridad acorde con la normativa que reglamenta la materia y con plena sujeción a las bases dictadas para ello. No constituye arbitrariedad ni vulneración alguna la circunstancia de no haberse ponderado la trayectoria o antigüedad de los interesados en el servicio para pasar a la última etapa, dado que tal exigencia no se contempla en dichas bases. Además, el hecho que el concurso no se resolvió en la data prevista en las bases, no significa de manera alguna que ello pueda incidir en la validez del procedimiento llevado a cabo, teniendo en cuenta, además, que por regla general, la administración puede cumplir validamente sus actuaciones en una fecha posterior a la preestablecida. Finalmente, corresponde desestimar las argumentaciones en el sentido que en este certamen se han vulnerado los artículos 53, 67 y 81 de las leyes 18.834, 19.882 y 19.937, respectivamente, por cuanto no resultan aplicables a este caso, atendido que estas forman parte de aquella preceptiva que regula los concursos internos de promoción, que revisten un carácter diverso al del concurso publico en que los reclamantes han participado, el cual esta reglamentado por la normativa contenida en el párrafo 1 del titulo II de la ley 18.834 y por el dto. 69/2004 de Hacienda.

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Jefe superior del Servicio Nacional de Turismo carece de atribuciones para ampliar el acceso a determinados cargos del estamento profesional a personas que no poseen alguno de los títulos profesionales que exige expresamente el dfl 7/90 de Economía. Ello, porque la carrera funcionaria no garantiza por si sola el derecho a acceder a todos los empleos que se contemplen en la planta de personal de un organismo, ya que ella puede quedar limitada por los especiales requisitos de idoneidad educacional que se pueden establecer para el desempeño de determinadas plazas. Asimismo, el nuevo sistema de promoción en las plantas profesionales, incorporado en la ley 18834 por la ley 19.882, no afecta la vigencia de los requisitos educacionales especiales fijados por el ordenamiento jurídico para el desempeño de determinados cargos de ese estamento, sino que deja expresa constancia de la necesidad de cumplir con tales requisitos para acceder, por la vía del concurso interno, a dichos empleos.

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Este Ente Contralor ha estimado que no resulta procedente que en caso que se deba llenar varios cupos dentro de un mismo grado, se integre simultáneamente las diversas proposiciones a la autoridad, sólo con las personas que hubieran obtenido los mayores puntajes ponderados, ya que de esa forma se perjudica a quienes siendo también idóneos, tienen puntajes inferiores (Aplica dictamen N° 35.270, de 1996).

Lo anterior, tomando en consideración que el Alcalde está facultado para nombrar a cualquiera de las personas propuestas en las ternas, sin importar el lugar que ocupen dentro de ellas.

En mérito de lo expuesto, a modo de precisión, conviene indicar, que cuando se deba proveer varios cargos dentro de un mismo grado, se deberá efectuar una terna y proponerla al Alcalde, quien deberá elegir a la persona que se hará acreedora de dicho cargo, la cual no podrá ocupar un puesto en otra terna, con el objeto de permitir que la mayor cantidad de postulantes idóneos tengan la oportunidad de integrar las ternas y acceder a la eventualidad de ser nombrados en el cargo que se provee.

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La natural circunstancia de que una mujer sea madre de un lactante, no puede constituirse en un impedimento o traba para el libre ejercicio del derecho a participar con igualdad de oportunidades en un concurso que le permita acceder a un cargo o función pública o ser promovida en él, pues, en lo concerniente al descanso maternal, no puede entenderse que el “reposo total” que ordena el Dto 3/84 Salud tenga otra connotación que aquella que aparece definida en ese reglamento, esto es, lisa y llanamente, que confiere a la beneficiaria el derecho irrenunciable de ausentarse de su trabajo, sin que dicho reposo faculte a extender el claro alcance de la prohibición de realizar labores contenida en el art/195, del Código del Trabajo, a otros fines no previstos expresamente por el legislador. Según los artículos 19 Número 17, 38 y 19 Número 2 de la Constitución y 16 inc/2 de la ley 18575, el derecho a ser admitido a todas las funciones y empleos públicos y a participar en igualdad de condiciones en los respectivos concursos, tiene rango constitucional, sin que el legislador establezca prohibiciones, impedimentos o requisitos que permitan excluir del goce de esos derechos a quienes hacen uso de licencia médica. No obstante, el art/19 Num/1 de la Ley Suprema asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas e, igualmente, en su número 9, el derecho a la protección de la salud. De esas normas, y de los artículos 111 de la ley 18834 y 1 y 6 del Dto 3/84 Salud, aparece que tratándose de licencia por descanso maternal, al ordenarse únicamente el reposo total, se consagra una verdadera ficción, pues en tal evento el trabajador no adolece, en realidad, de una enfermedad que pueda hacer variar la duración o modalidad de goce de la licencia (total o parcial), habida cuenta de que en la hipótesis del embarazo, se trata de un hecho natural y no mórbido de la beneficiaria. En lo concerniente a la licencia por enfermedad común, el acto médico-administrativo que la origina, certifica que la quebrantada salud del propio trabajador le exige guardar reposo –vale decir, según el diccionario de la Real Academia Española: “descansar, dar intermisión a la fatiga o al trabajo”- como medio necesario para reestablecerse y, es por eso, que queda justificado para ausentarse de su empleo. En la licencia por enfermedad grave del hijo menor de un año, aunque el funcionario no está enfermo, el descanso que ese beneficio origina tiene por objeto permitir a la madre (o al padre en su caso) dedicar su plena atención al cuidado próximo e inmediato del niño gravemente afectado en su salud, lo que explica que en este tipo de licencia, la duración del descanso que ella confiere esté en directa relación con el tiempo que requiera la recuperación de la salud del menor. De esto aparece que en ambos casos, el descanso que trae aparejada la licencia médica tiene por preciso objetivo hacer posible el restablecimiento de la salud, ya del trabajador o de su hijo, de forma tal que aparecería como contradictorio que la misma persona que por un lado esgrime título para atender a la recuperación de su salud o para cuidar de quien padece de una grave afección, por otra parte sostenga que el mismo hecho que da lugar a la licencia no le impide participar y dar cumplimiento a las exigencias propias de un concurso de promoción. Por lo tanto, en estas circunstancias la participación del servidor en un concurso de promoción interna aparece como inconciliable con tales propósitos, razón por la cual, los Servicios, en ejercicio de sus deberes de control, deberán imperativamente y tan pronto tomen conocimiento que el funcionario ha vulnerado el descanso ordenado, comunicar tal infracción al organismo de salud competente para invalidar la licencia médica, obtener el correspondiente reembolso de lo indebidamente percibido a título de remuneración por parte del funcionario y adoptar las medidas disciplinarias que sean procedentes. No habrá lugar a lo anterior tratándose de la licencia médica por descanso maternal pues en tal situación no existe enfermedad de por medio y, en ese caso, el reposo total constituye una causa justificante para no realizar actividades laborales, más no una medida necesaria para la recuperación de la salud de quien goza de la licencia o de su hijo.

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Dictamen 2672/2006, que dejara sin efecto el 3509/2005, estableció que los dos representantes del personal que según el art/53 de la ley 18834, deben integrar el comité de selección para los concursos internos de promoción, pueden pertenecer a cualquiera de las plantas cuyas promociones se efectúan a través de tales certámenes, o sea, de directivos de carrera, profesionales, fiscalizadores o técnicos. Por razones de seguridad jurídica, un dictamen que modifica uno anterior, como ha ocurrido en este caso, sólo rige para el futuro y no puede afectar los casos y actuaciones jurídicas acaecidas al amparo de la doctrina anterior, por lo que en aquellos servicios públicos en que se eligieron dos representantes del personal por estamento para constituir el aludido comité de selección según lo indicaba el dictamen 3509, no deben realizar una nueva elección para elegir a los mencionados representantes acorde al dictamen 2672.

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Conforme artículos 21, 35 y 53 de la ley 18.834 y 4, 30 y 31 del dto. 69/2004 del Ministerio de Hacienda, el comité de selección que se constituye para los concursos de promoción internos del personal en los servicios, debe estar conformado siempre por los tres funcionarios de mas alto nivel jerárquico de la institución de la respectiva región o por los cinco funcionarios del mas alto nivel jerárquico de la misma, con excepción del jefe superior o encargado de personal, y en ambos casos, por dos representantes del personal elegidos por este, los que no deben, necesariamente, formar parte del estamento al cual pertenece el cargo que se proveerá mediante dicho procedimiento, siendo suficiente, para estos fines, pertenecer a alguna de las plantas cuyas promociones se efectúan a través de concursos internos. lo anterior es sin desmedro de que el comité pueda funcionar con mas del 50 por ciento de sus integrantes, sin incluir al jefe o encargado de personal para fines de determinar ese porcentaje

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Los dos representantes del personal que integran los comités de selección de los concursos internos de promoción en los servicios públicos no deben, necesariamente, formar parte del estamento al cual, a su vez, pertenece el cargo que se proveerá mediante dicho sistema.

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Concurso interno para la provisión de cargos en el Servicio Nacional de Aduanas no se ajustó al art/10 de la ley 19479, ni a los principios jurídicos que rigen este tipo de certámenes, porque los funcionarios que postularon a más de un estamento y que alcanzaron la mejor evaluación fueron promovidos a la planta que el servicio considero de mayor nivel, resultando perjudicados en su ubicación, pues otros que obtuvieron menor puntaje fueron promovidos a cargos de mayor grado y nivel remuneratorio. La citada norma indica que los funcionarios, en un solo acto, deben postular a una o más de las plantas del servicio respecto de las cuales cumplan con los requisitos legales, sin especificar cargos o grados determinados dentro de ellas. En estos concursos se deben confeccionar listas distintas de postulantes idóneos para cada planta y cargos específicos a proveer, ordenados según el puntaje final obtenido, por cuanto la jerarquía de los funcionarios esta determinada por el grado o nivel remuneratorio que la ley ha asignado al cargo. asimismo, al momento de proveer los cargos, debe respetarse el grado asignado al empleo vacante, de tal forma que se provea, en primer lugar, el cargo con mas alto grado, en segundo lugar, el de grado inferior, y así sucesivamente, sin considerar la planta a que ellos pertenecen. en el caso de que los puntajes obtenidos por un postulante le permitan acceder a cargos de plantas diferentes, pero de igual grado, la autoridad deberá nombrarlo en el empleo de la planta de mayor jerarquía. Tratándose de un llamado a concurso para surtir cargos de grados distintos, el servidor mas idóneo accederá al empleo de grado mas alto, producto de lo cual quedara vacante el cargo que este ocupaba y, en el evento de que posea un grado superior a los restantes llamados a concurso, será dicho empleo el que debe ser provisto a continuación, de tal manera que siempre se provea primero el cargo con el grado mas alto que quede vacante, en atención a la jerarquía de los empleos.

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Proceso realizado para elegir a los representantes del personal para el comité de selección de los concursos de promoción en la planta de profesionales de la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo conforme al art/48 de la ley 18834, no constituye una elección de carácter gremial o de grupos intermedios en los términos que señala el art/10 de la ley 18593, sobre tribunales electorales regionales, por lo cual, conforme a los artículos 87 de la Constitución y 1 y 6 de la ley 10336, compete a esta Contraloría pronunciarse sobre la validez de tal proceso. No ha procedido autorización otorgada a tres funcionarios del servicio para emitir su votación por medio de fax, pues según los artículos 31 y 33 del dto. 69/2004 Hacienda, reglamento sobre concursos del estatuto administrativo, las preferencias deben expresarse en un voto personal y secreto y en un proceso celebrado en las oficinas de la institución. No obstante, esta circunstancia no ha afectado el proceso, sino que solamente ha invalidado los votos efectuados a través del medio referido. No corresponde a esta entidad de control indicar un procedimiento para que los servidores que están cumpliendo una comisión de servicio fuera de la oficina puedan votar. Los servidores de la planta de profesionales del servicio que estén ejerciendo un cargo de exclusiva confianza de la planta de directivos de ese u otro organismo, conforme artículos 81 lt/e y 82 inc/2 de la ley 18834, tienen derecho a participar en el proceso analizado, pues el art/29 del indicado dto. 69 establece que para participar en la elección referida, el funcionario elector debe pertenecer a alguna de las plantas sujetas a promoción, como ocurre en estos casos, aunque los interesados se encuentren, transitoriamente ocupando una plaza como directivos.

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No procede entender que un funcionario suplente que se presenta a un concurso y que, posteriormente, es contratado sin solución de continuidad en el mismo servicio y sin que en esta última circunstancia cumpla el plazo de tres años previos al certamen, como lo requiere el art/8 se encontraría afectado por una inhabilidad obreviviente, porque el aspirante al empleo concursado, al momento de postular estaba designado en una calidad en que la aludida disposición no exige un tiempo de desempeño anterior. El requisito de desempeño de tres años, previos al concurso, establecidos en la norma señalada, sólo está establecido respecto de los empleos a contrata y no afecta a quienes, a la época de postulación, tienen la calidad de funcionarios de planta, ya se trate de titulares, suplentes o subrogantes.

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Los funcionarios de exclusiva confianza pueden postular a un concurso convocado para proveer cargos de Jefe de Departamento, certámenes que se regirán conforme a los artículos 8 de la ley 18834, en su texto fijado por el DFL 29/2004 Hacienda y 45 y siguientes del Dto 69/2004 Hacienda. Ello, porque la letra a) del citado art/8 señala que la provisión de estos cargos se hará mediante concursos en los que podrán participar los funcionarios de planta y a contrata de todos los ministerios y servicios regidos por este Estatuto Administrativo que cumplan con los requisitos correspondientes, esa norma no distingue la calidad del servidor de planta que puede postular al concurso, esto es, si es un funcionario de carrera o de exclusiva confianza, de modo que cualquier empleado que posea un cargo en la planta, como ocurre con los de exclusiva confianza, a contrata, que mantienen la titularidad de un empleo de planta y suplentes, podrá participar en los concursos de promoción, siempre que además cumpla con los otros requisitos que la ley exige. Así entonces, al haberse rechazado la postulación de la reclamante al concurso interno convocado en el Servicio conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 18.834, sólo en razón de que ésta servía un cargo de exclusiva confianza a la época de postular, se ha configurado un vicio que afecta la legalidad del certamen de que se trata, lo que deberá ser subsanado por la autoridad a la brevedad.

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Conforme a los artículos 8 letras a), b) y c) y 21 de la ley 18.834, en los concursos para proveer los cargos de jefe de departamento y los niveles de jefatura jerárquicos equivalentes, se deberá proponer a la autoridad competente, una nómina de, a lo menos, tres nombres de candidatos, siempre que exista el número suficiente de postulantes idóneos y, en el evento que esa condición no se cumpla, deberá resolverse el proceso designando al único candidato que satisface los requisitos y puntuación exigidos, toda vez que, en esta situación no puede considerarse que hay falta de postulantes idóneos. Ello, porque no existe postulante idóneo únicamente en aquellos casos en que ninguno de ellos logra el puntaje mínimo y, por consiguiente, sólo frente a este hecho podrá llamarse al concurso público que prevé la letra c) del art/8 ley 18.834. En consecuencia, en virtud de lo expresado, esta Contraloría General se encuentra obligada a desechar la solicitud de reconsideración en estudio y, por ende, a confirmar, en todas sus partes, el citado dictamen Nº 37.499, de 2006.

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Cuando el certamen interno fue declarado desierto por falta de postulantes idóneos, no procede introducir cambios en las bases, sino que debe llamarse a concurso público. No obstante, en esas bases no pueden fijarse requisitos diferentes de los que las leyes establezcan para el ingreso al Servicio.

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Devuelve resolución de Hacienda, por la que se contrata a persona que indica, en el cargo de jefe de departamento, por el plazo de seis meses, en el sistema de empleo a prueba. Ello, porque la provisión de empleos fue regulada en forma especial, en el art/8 del Estatuto Administrativo, y en lo no previsto en dicho precepto legal, se permitió recurrir a las normas del párrafo 1 del titulo II de ese Estatuto. Enseguida, los aspectos no previstos en el aludido art/8, y que son pertinentes al proceso de selección que en dicho articulo se contiene, son los relacionados con el concurso propiamente tal. Por su parte, la regulación del empleo a prueba esta contenida en el art/25 del referido estatuto, dentro del párrafo 2 del titulo II, y no en el mencionado párrafo 1, por lo cual, acorde con lo establecido en la lt/f del art/8, dicho sistema no es aplicable a la provisión de cargos de jefes de departamento, ya que, según el art/7 de la Constitución Política, los órganos del Estado solo pueden hacer aquello que esta expresamente permitido. El hecho de que el art/25 de la ley 18834 señale que el sistema de empleo a prueba es parte del proceso de selección a que se refiere el art/17 del mismo texto, disposición que podría ser aplicada a la provisión de los cargos de jefes de departamento conforme a la citada letra f) del art/8, puesto que dicho sistema puede utilizarse en concursos de ingreso a la administración publica, ello no procede tratándose de procedimientos de selección de jefes de departamento, ya que el art/25 no lo ha considerado. Además, la figura del empleo a prueba, que considera un período de entre 3 a 6 meses en esa calidad, es incompatible con la provisión de los cargos aludidos en el art/8 de la ley 18834, puesto que en la lt/d del referido precepto legal, se fijo expresamente un periodo de permanencia en dichos empleos.